En una
reciente causa, la Justicia consideró como válida la postura del fisco
respecto del incumplimiento del contribuyente, aunque redujo la sanción aplicada
originalmente. ¿Cuáles fueron los argumentos de los camaristas?. Las claves del
caso y la opinión de los expertos

Por Gonzalo Chicote

En la actualidad, existen dos
medios mediante los cuales los contribuyentes pueden cumplir con la obligación
de emitir comprobantes: los manuales y los electrónicos.

Un claro ejemplo del primer grupo, es el de los monotributistas que, por el
escaso número de operaciones, pueden confeccionar manualmente las
facturas que entregan por cada servicio prestado.

En cambio, encontramos a muchos otros contribuyentes que se ven en la
responsabilidad de emitir sus comprobantes a través de facturadores o
controladores fiscales, tal como los restaurantes, los supermercados,
los hoteles y los revendedores de autopartes, entre otros.

Estos últimos, a diferencia de los primeros, pueden sufrir algunos
inconvenientes que les imposibilite cumplir con su obligación, ya sea porque se
produce un corte en el suministro de luz o debido a que el aparato sufre algún
desperfecto técnico.

No obstante, ante estos imprevistos, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) permite que dichos contribuyentes emitan las
facturas de forma manual aunque, para ello, los obligados deben
cumplir con una serie de requisitos.

Así, por ejemplo, si un controlador sufre alguna avería, su titular deberá
confeccionar el comprobante de manera manual para lo que deberá tener un
talonario de facturas a mano y, además, deberá registrar esa operación
en el denominado libro del controlador fiscal.

Incluso, si no cumple con esta responsabilidad, puede ser sancionado
con una multa o con la clausura del local comercial.

Esto fue lo que sucedió en un reciente caso, donde la Justicia avaló la
aplicación de una multa a una firma que no había cumplido con la registración
de la operación en el libro mencionado.

Los expertos consultados por iProfesional.com destacaron que
la decisión de los camaristas actuantes fue la correcta, debido a que existió,
efectivamente, una omisión por parte del contribuyente del proceso establecido.

Asimismo, destacaron que fue acertada la reducción de la sanción
impuesta, ya que quedó demostrado que la firma no contaba con
antecedentes de incumplimientos en materia impositiva.

Las claves del fallo

Todo comenzó cuando la AFIP, tras una inspección, impuso a Masiel SA una
multa de $6.000 y una clausura de siete días, debido a que emitió una
factura manual en vez de hacerlo mediante el comprobante por el controlador
fiscal, pero sin atender a los recaudos que fija la normativa vigente.

Ante esto, la sociedad se presentó ante una primera instancia judicial pero, si
bien la Justicia decidió levantar la clausura, dejó firme la multa.

No obstante, la firma decidió apelar ante la Cámara Federal de Rosario, ya que
consideraba desproporcionada la pena impuesta, en vista de que el monto de la
multa superaba “en 30 veces el monto de la operación comercial
($189)”, más considerando que carecía de antecedentes de
incumplimientos.

Detallaron también que “el bien jurídico tutelado por la norma (…) no ha
sido afectado seriamente” ya que por “la venta en cuestión” se
emitió la correspondiente factura, algo que constaba “en el acta
labrada por los inspectores del organismo recaudador”.

Además, afirmaron que el sistema de controladores fiscales “convive
con el sistema manual para los casos en que sea imposible utilizar el
controlador”, por lo que no está vedada la posibilidad de
facturar manualmente si las condiciones así lo demandan.

Por último, argumentaron que, de merecer sanción, solicitó que “se reencuadre
la misma en el tipo del artículo 39 de la Ley 11.683 (…) de $150″.

En este escenario, sin embargo, los camaristas entendieron que
“corresponde confirmar la sanción de multa, aunque atendiendo a la
carencia de antecedentes se reducirá a $1.500“.

Argumentaron que la falta no fue haber emitido el comprobante
manualmente, sino que el error estaba en que no habían
“asentado en el libro de registro único de controlador fiscal la
circunstancia de excepción (…) que lo habilitaría a emitir facturas
en forma manual”.

También explicaron que, con posterioridad a la primera inspección, se produjo
un nuevo operativo que dejó en descubierto que la firma seguía sin el
controlador.

Por último, destacaron que “el hecho atribuido a la sancionada (…)
efectivamente lesiona el bien jurídico protegido”, por lo que
mantuvieron la multa aunque redujeron su valor.

Voces

Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, destacó
que “si se tiene en cuenta que en primera instancia ya se había revocado
la sanción de clausura, el fallo parece razonable, sobre todo
considerando que el contribuyente no dejó asentado en el libro de asistencia la
imposibilidad de utilizar el controlador ni probó el corte de energía
invocado”.

“Por el contrario, la sanción original aplicada por el
fisco de siete días de clausura y $6.000 de multa es, a todas luces,
desproporcionada con la conducta reprochada”, remarcó.

En tanto, Mario Buedo, socio del estudio Montero & Asociados, sostuvo que
“la Justicia al final, y aún teniendo en cuenta la negligencia del
contribuyente, se inclina razonablemente, a mi criterio, por concluir que el
contribuyente ha cometido una infracción de tipo formal, como es emitir
un comprobante manual en lugar de usar controlador y no registrar la novedad en
el correspondiente registro, configurando con ello el elemento objetivo de la
infracción”.

Sin embargo, para el experto, el contribuyente “al haber emitido un
comprobante por la venta, ha demostrado la falta de intencionalidad en
la infracción, no pudiendo entonces aplicarse una sanción de tipo
penal, como es la del inciso a) del artículo 40 de la Ley 11.683, por no
encontrarse configurado el ilícito”.

Del mismo modo, Lucio Vuotto y Soledad Menendez, abogados Senior y Semi-Senior
A de KPMG, remarcaron que “considerando que el bien jurídico protegido por
la norma legal, en el caso, está dado por las facultades de verificación y
fiscalización del fisco nacional, es destacable que la Justicia haya
dejado sin efecto una sanción tan perjudicial como la de clausura, en
atención a que la existencia de documentación -factura manual- permitía el
regular control del organismo fiscal”.

“De igual forma, la reducción de la sanción a $1.500, en consideración de
la inexistencia de antecedentes, ya que, prevista como causal atenuante en la
norma reglamentaria y verificados los mismos en el caso, no debería
equipararse a aquellos sujetos que observan el cumplimiento de las obligaciones
fiscales a su cargo, con quienes la omiten”, señalaron.

Y agregaron: “Recordemos que en caso de que no funcione el controlador,
debe seguirse el procedimiento de registro de tal incidente, previsto
en la Resolución General N° 4.104/96 (DGI), texto sustituido por la Resolución
General N° 259/98, para evitar incurrir en este tipo de situaciones
sancionables”.

En igual sentido, el consultor tributario Iván Sasovsky consideró que “la
imposición de la multa resulta precisa, pero no así la clausura para este tipo
de situaciones, cuyo efecto, a mi entender es mucho más amplio y hasta
dañino de todo el sistema tributario“.

“Bajo esa perspectiva, y entendiendo que la infracción no fue una
sola, dado que no sólo se omitió el uso del controlador fiscal, sino
que no se cumplieron con los demás requisitos formales para este tipo de
situaciones que la ley prevé, el fallo es correcto“,
indicó.

“Así las cosas, independientemente de que el monto de la operación parezca
insignificante, las formalidades no cumplidas generan un desconocimiento de la
realidad, puesto que el fin que motiva su instrumentación no se cumple, y de
esa forma resulta imposible establecer cuál es la magnitud o el quantum
de las operaciones efectuadas dentro y fuera del marco legal”,
sostuvo el experto.

Las sanciones por no entregar comprobantes

Los especialistas consultados, también hicieron hincapié en lo que establece la
Ley de Procedimientos Tributarios en su artículo 40 y cómo se aplica al caso en
cuestión.

Al respecto, Buedo señaló que “el tipo penal descripto por el artículo 40,
inciso a), dice que serán sancionados los contribuyentes que `no
entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una
o más operaciones equivalentes por una o más operaciones comerciales,
industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las
formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración Federal de
Ingresos Públicos´”.

De esta manera, el especialista indicó que “el tipo penal sancionado es la
no entrega o la no emisión de facturas o documentos equivalentes, ya que si
analizamos la redacción del artículo de acuerdo a lo expresamente escrito (como
debe hacerse en el caso de tipificación de conductas penales) cuando habla de
que se deban realizar de acuerdo a los requisitos que establezca la
Administración se está refiriendo únicamente a cómo deben desarrollarse las
actividades descriptas y no a la forma en que se deben emitir las
facturas“.

“En el caso que motivó el fallo, el fisco hace hincapié en la
formalidad de no haber llenado el libro de novedades“, sostuvo, y
agregó que, en este caso, “la sanción pretende imponerse con la exclusiva
verificación del aspecto objetivo de la infracción enrostrada -facturar en
forma manual en lugar de hacerlo con el controlador fiscal-. Sin embargo, la
sanción no se ve tipificada en su plenitud debido a que resulta palmaria la
ausencia de la subjetividad necesaria para que se configure el ilícito
en su integridad”.

“Esto es así aún con la admisión de la falta cometida y sólo respecto de
la objetividad de la infracción, pero nunca de la subjetividad de la misma, ya
que se vio plenamente cubierta por la emisión de facturas en forma manual en un
todo de acuerdo con las normas de facturación vigentes”, concluyó Buedo.

Por su parte, Vuotto y Menendez, resaltaron que “resulta interesante que
no se haya imputado la conducta prevista en el inciso f) de la citada norma,
que refiere a la no utilización de los medios de control fiscal dispuestos por
el organismo”.

“Este dato es relevante, ya que de algún modo, la aplicación del
inciso a) validó la imposibilidad de utilizar el controlador fiscal en
el momento de la inspección, tal como fuera argumentado por la compañía en la
revisión judicial del acto”, destacaron.

Asimismo, explicaron que “el organismo impuso una multa de $6.000 y aplicó
la sanción de clausura por siete días, de conformidad con las disposiciones de
la Instrucción N° 6/2007 de AFIP”.

“Recordemos que si bien el artículo 40 de la Ley de rito prevé una multa
graduable entre $300 y $30.000 y la sanción de clausura entre 3 y 10 días, la
citada Instrucción establece la multa en $6.000 y la clausura por 7 días cuando
no existieran circunstancias atenuantes“, argumentaron.

“En el caso de Masiel SA, la buena conducta general observada con
anterioridad a la verificación, la ausencia de anteriores sanciones firmes,
el bajo monto de la factura cuestionada, y -el no probado pero tampoco
refutado- corte de luz, funcionarían como atenuantes que debieron ser
tenidos en cuenta“, concluyeron.

Por último, Sasovsky señaló que “si bien la operación que motiva la causa,
en monto, era poco significativa, no podemos apartarnos del hecho de
que estamos frente a situaciones cuyo formalismo es determinante al
momento de hacer efectivas las funciones que bajo prescripción legal enviste el
órgano recaudador”.

]]> http://estudiobassotti.wordpress.com/2011/11/14/sanciones-por-no-utilizar-el-libro-unico-de-registro/feed/ 0 flaviobassotti http://estudiobassotti.wordpress.com/2011/11/10/diferenciacion-entre-lavado-de-dinero-de-origen-delictivo-y-aquel-que-tiene-origen-en-la-evasion-fiscal/ http://estudiobassotti.wordpress.com/2011/11/10/diferenciacion-entre-lavado-de-dinero-de-origen-delictivo-y-aquel-que-tiene-origen-en-la-evasion-fiscal/#comments Thu, 10 Nov 2011 14:29:13 +0000 flaviobassotti http://estudiobassotti.wordpress.com/?p=483 ]]> Evasión y lavado de dinero

En el evento, Santiago Mignone, Socio de Servicios Financieros de PWC, fue el encargado de hacer referencia al lavado de dinero asociado a la evasión tributaria.
En primer lugar, el experto hizo una marcada diferencia entre lo que se considera dinero sucio y negro, explicando sus similitudes y sus diferencias.
Al respecto, destacó que “el dinero sucio se entiende como aquél que nace de un ilícito, como el robo de mercadería o el narcotráfico”, mientras que el “negro nace de la evasión fiscal, por lo tanto nace de una actividad legal”.
El especialista explicó que aquello que los iguala son los instrumentos que se utilizan tanto para blanquear el dinero de la evasión fiscal, como para lavar el proveniente de cualquier otro delito importante, ya que en ambos casos son los mismos.
“Esa es una de las razones más importantes por la cual hay argumentos a favor de incorporar al delito de evasión fiscal como delito precedente de lavado de dinero”, afirmó Mignone.
No obstante, reconoció que aquello que los diferencia es el objetivo que tiene cada uno.
En este sentido, aclaró que “el objetivo del dinero delictivo es seguir delinquiendo. Por lo cual, la gran paradoja que se genera acá, es que el lavador de dinero elictivo, puede llegar a ser un muy buen pagador de impuesto”.
En cambio, remarcó que “en el ocultamiento, el objetivo no es seguir delinquiendo sino utilizar el dinero ahorrado o el dinero que fue generado mediante la venta no eclarada. Por lo cual lo que se pretende es disminuir la carga fiscal”.

Fuente: Fragmento nota infobae profesional (09/11/2011).

El frustrado intento de compra de dólares por parte de la diva de los teléfonos dio el puntapié inicial al debate. Expertos explican si no fue desmedida la prohibición de la AFIP y aclaran la diferencia entre tres figuras que actualmente generan confusión

Por Hernán Gilardo y Gonzalo Chicote<!–Por Hernán Gilardo y Gonzalo Chicote

“Tengo mi contrato en blanco, pago los impuestos, hice la prueba y no me dejaron comprar dólares. Se les fue de las manos. Es una barbaridad”. Con estas palabras, la conductora y diva de la televisión Susana Giménez encendió la polémica al cuestionar los flamantes controles implementados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En efecto, a través de la cuestionada resolución general 3.210, que se dio a conocer hace una semana atrás, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray estableció que las empresas y particulares interesados en comprar divisas deberán contar con la autorización previa del fisco nacional.

Es por ello que la AFIP no se quedó inmóvil ante los dichos de la diva. Puntualmente, fuentes oficiales dejaron trascender que los ingresos de “Susana” se ubican sólo en $50.000 anuales y que ya lleva adquiridos u$s2.500.000 en lo que va del año.

Las claves del caso
iProfesional.com tuvo acceso exclusivo a la “caja negra” del caso que permite revelar las claves del conflicto.

Más precisamente, las fuentes consultadas, que prefirieron reserva de identidad, informaron a este medio: “Susana tiene perfectamente justificados y declarados sus ingresos”, y tiene sus impuestos al día por los que paga cifras millonarias.

“Son varios millones más que $50.000 anuales”, señalaron.

“El monto de $50.000 es totalmente parcial ya que no contempla el resto de sus ingresos. Evidentemente, el sistema del fisco aún no incluye otra cosa que no sean ingresos provenientes de sueldos para el caso de empleados en relación de dependencia e ingresos gravados en el IVA para autónomos“, indicaron los profesionales consultados.

A fin de reforzar el argumento, las fuentes agregaron que “el flamante sistema omite considerar cualquier otra fuente de ingresos, como pueden ser los honorarios que devienen de la sociedad y eventuales distribuciones de utilidades”.

“Respecto a las utilidades distribuidas, el impuesto lo ingresa la sociedad o el socio, tal como lo prevé el sistema que adopta nuestra ley para la integración de las ganancias de las sociedades y las personas”, detallaron a iProfesional.com.

Por lo tanto, consideraron, es un error vincular la figura del delito de evasión o a la elusión al comportamiento de Susana Giménez. En este caso en particular, los expertos apuntaron a una figura no tan conocida: la economía de opción.

Economía de opción, evasión y elusión
En tanto, especialistas consultados por iProfesional.com explicaron que existen tres formas que pueden utilizarse para reducir la carga tributaria, que son la evasión, la elusión y la economía de opción.

Tomás Wilson Rae, titular del estudio TWR abogados, indicó que la doctrina se pronuncia de manera diferente acerca de estos tres conceptos, ya que, mientras algunos consideran a la evasión y a la elusión como ilícitos, otros igualan a la elusión con la economía de opción.

En este sentido, expresó que “una parte de la doctrina iguala el término eludir con el de omitir y, por ende, consideran a la elusión como ilícito“.

Para el especialista, la elusión busca la forma de reducir la carga fiscal y dependerá de la forma utilizada si es o no una conducta antijurídica.

No obstante, su opinión gira en torno a que “la elusión en sí, no es ni lícita ni ilícita, sino que es una búsqueda. Si encuentra un camino legal, será perfectamente lícita. Si el camino es ilegal, la elusión será ilícita”.

Por su parte, el consultor tributario Iván Sasovsky consideró que la elusión “es la búsqueda de vacíos en la ley para pagar menos impuestos, pero siempre dentro del marco legal“.

El experto sostuvo que pueden diferenciarse estos tres conceptos de la siguiente manera: “la economía de opción es algo correcto desde el punto de vista moral, legal y ético, mientras que la elusión es legal, aunque no responde a la ética y a la moral, y la evasión es incorrecta en todo sentido”.

Respecto a la evasión, Sasvosky la definió como “todas esas maniobras realizadas por el contribuyente para evitar el pago de impuestos, violando con actos efectivos lo que la ley manda”.

“La evasión simple, es cuando el acto, por sus características, manifiestan abiertamente que van en contra de la ley”.

Por su parte, Mario Volman, socio del estudio Kaplan, Volman & Asociados, destacó que “mientras elegir la opción más económica es perfectamente legal, tanto la evasión como la elusión son ilícitos”, aunque aclaró que “la evasión es más grave“.

El experto también añadió que la economía de opción “es elegir un camino dentro del cuerpo de la ley para pagar menos impuestos”.

Para graficarlo con un ejemplo, el experto indicó: “Supongamos una persona física que inicia una actividad económica y por ella obtiene pocos ingresos. Si ese sujeto constituyó una sociedad para llevar adelante la actividad, pagaría por esos ingresos una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias“.

“En cambio, si en vez de tributar el impuesto en cabeza de la sociedad lo hiciera como persona física, pagaría menos, debido a que las tasas aplicables son más bajas”, señaló Volman.

En cuanto a la elusión, el especialista indicó que “es forzar la realidad jurídica en un sentido distinto a la realidad económica. Es un ilícito, menor que la evasión, pero sigue siendo un ilícito”.

Por último, Volman señaló que “evadir es cuando vamos a un restaurante y no nos entregan facturas por nuestro consumo”, y esto es así debido a que, por esa venta, no se ingresa ni Impuesto a las Ganancias ni al Valor Agregado (IVA).

Y concluyó: “Si una persona obtiene sus ingresos de una sociedad, no está ni eludiendo ni evadiendo”.

La Cámara de Casación Penal consideró al profesional partícipe primario penalmente responsable de la maniobra. Expertos advierten que la sanción fue mayor a la pena que recayó sobre el presidente de la compañía. Acceda al texto completo de la sentencia que ya encendió la polémica

En una decisión, por demás polémica, que ya encendió la alarma en las distintas organizaciones que agrupan a los profesionales en Ciencias Económicas, la Justicia condenó a un contador que ayudó a una empresa a evadir impuestos.
En efecto, la Cámara de Casación Penal –instancia previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)- determinó que el profesional involucrado en la maniobra fue partícipe primario penalmente responsable del delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias.

Por lo tanto, el contador deberá afrontar la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena y el 50% de las costas por omitir la registración de facturas y la certificación de estados contables erróneos, entre otras acciones dolosas.

La preocupación está instalada entre los profesionales dado que la sanción, aplicada al contador, resultó mayor a la pena que recayó sobre el presidente de la compañía.

Expertos consultados por iProfesional.com, aseguraron que el fallo –que ya fue apelado ante la CSJN- debe ser tomado como “un llamado de atención a los contadores”.

Cómplice
En el marco de la causa “K. S. s/ recurso”, la Cámara de Casación Penal decidió condenar por el delito de evasión al presidente de una compañía radicada en Paraná, Entre Ríos; así como al contador que facilitó la maniobra delictiva. Para acceder al texto completo de la sentencia publicada por el sitio Microjuris.com, haga clic aquí.

Los inspectores fiscales analizaron la presentación anual de Ganancias de 1998 y las declaraciones juradas de IVA correspondientes a distintos meses de 1999 y 2000 y, a partir de allí, detectaron irregularidades.

Para la Justicia, la ejecución del delito de evasión se dio por probada a partir de registraciones contables y declaraciones juradas para la liquidación de los mencionados tributos.

En este sentido, desde el Departamento de Consultoría Tributaria del Estudio Harteneck-Quian-Teresa Gómez & Asociados, Teresa Gómez detalló algunas de las acciones que fueron el disparador de la condena para el profesional:

• El registro de créditos fiscales menores a los consignados en las declaraciones juradas.
• La omisión en el libro IVA de notas de crédito y facturas.
• La contabilización de notas de crédito como factures de compra originándose así doble registración.
• La registración de compras de servicios inexistentes.
• La certificación de estados contables que no reflejaban la realidad económica y tributaria de la firma.

Ante las evidencias recabadas, el tribunal decidió condenar al dueño de la empresa por “considerarlo autor penalmente responsable del delito de evasión simple”.

Complementariamente, una vez analizados los hechos, la Justicia también castigó al contador externo de la compañía “por considerarlo partícipe primario penalmente responsable del delito de evasión”.

Polémica y señales de alerta
Del análisis de las dos condenas surge que:

• Para el director de la compañía: la Justicia aplicó una pena de dos años de prisión, de ejecución condicional, y el 50% de las costas.

  Para el contador: pena de dos años de prisión, de ejecución condicional, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena y el 50% de las costas.

“De la sola lectura de las penas observamos que el contador tiene la misma sanción que el autor del delito pero agravada por la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena”, explicó Teresa Gómez.

“Estamos frente a un fallo muy severo en la evaluación de la conducta desplegada por un contador en su rol de auditor”, agregó la tributarista.

Enrique Scalone, titular del estudio que lleva su nombre, resaltó que “el fallo es útil como llamado de atención para aquellos contadores que intervienen en las liquidaciones impositivas de las empresas sin adoptar el recaudo de realizar una auditoría lo suficientemente abarcativa como para detectar posibles maniobras de evasión”.

En tanto, desde el estudio Lisicki, Litvin & Asociados, Emilio Cornejo Costas, puntualizó que para llegar a tal condena, la Procuración consideró que el contador “ha adaptado su aporte especializado al plan delictivo del autor, alejando pues su comportamiento técnico de las reglas que permiten excluir su responsabilidad en virtud de su ajuste a las funciones profesionales”.

De la lectura del fallo, claramente surge que: “No es parte de la labor profesional de un contador aportar conscientemente al engaño en virtud del cual su cliente concretara el delito de evasión”.

En igual sentido, desde la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos), Nicolás Yasi, aseguró que “esta situación, no hace más que dejar en claro los alcances de la responsabilidad de los profesionales”.

“Los contadores deben buscar una coherencia entre la emisión de la información contable y la realidad económica”, afirmó Yari.

Si bien Teresa Gómez puntualizó que “los profesionales que violentan la ley deben ser sancionados, como cualquier otro ciudadano, sin privilegios ni prebendas”; la tributarista indicó que “la Ley Penal Tributaria tendría que ser seriamente revisada para que la pena resulte proporcional al grado de participación”.

“No es jurídicamente armonioso que aquel que es hallado culpable del delito de evasión soporte menor pena que aquel que es considerado partícipe del mismo delito”, concluyó Gómez.

Reforma a la Ley Penal Tributaria
En este contexto es en el que ya se encuentra en el Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria impulsado por el Gobierno nacional.

El marco legal, que establece penas de hasta nueve años de prisión para quienes no cumplan con sus obligaciones impositivas, lleva más de una década sin actualizarse.

Por lo tanto, luego de la salida de la convertibilidad y la posterior devaluación, los montos mínimos de imputabilidad congelados desde enero de 1997 carecen de sentido alguno.

Por ende, la iniciativa gubernamental, busca adecuar el monto para la configuración del delito de evasión simple: se incrementaría de $100.000 a $1.000.000. A su vez, mantendría la misma pena, que va de dos a seis años de prisión.

Asimismo, el millón se debería computar, sumando el importe final de los impuestos evadidos por período, sin ninguna diferenciación entre ellos. Actualmente, cada tributo se evalúa por separado.

El proyecto también propone modificar el motivo por el cual se agrava la figura de evasión impositiva simple, independientemente de los montos evadidos.

La iniciativa incorpora aquellos casos en los que se verifique algunos de los siguientes métodos:

• La utilización total o parcial de facturas apócrifas o cualquier otro documento equivalente falso.
• El ocultamiento de la identidad de los verdaderos sujetos obligados, mediante la utilización de testaferros.
• El uso fraudulento de beneficios fiscales.

También se apunta a elevar los montos para la falta de ingreso de las retenciones tributarias y de los aportes previsionales (de $10.000 a $20.000 por mes); y de la evasión previsional simple (de $20.000 a $50.000), manteniéndose como agravante, para esta última, sólo la utilización de testaferros.

A su vez, el proyecto busca restringir las formas de finalización de las causas penales tributarias y previsionales. En efecto, se excluiría la aplicación de la suspensión del juicio a prueba y la extinción de la causa por pago.

Por otra parte, de ser aprobado, se incorporaría como delito la adulteración de controladores fiscales y cualquier otro sistema homologado o suministrado por el fisco nacional.

Por último, un cambio no menor, refiere a la extensión del ámbito de aplicación de la Ley Penal Tributaria a las obligaciones fiscales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales hasta hoy no tienen protección penal. (Lea más: Penal Tributaria: polémica iniciativa de AFIP para que no caiga el 75% de las causas)

Hernán Gilardo
© iProfesional.com

Con el impulso otorgado por los cambios aceptados por el Gobierno, Diputados finalmente dio media sanción a la modificación de las escalas del Monotributo.

 El proyecto fue aprobado por 114 votos a favor y 49 en contra, luego de que el oficialismo aceptara modificar el texto eliminando la categoría A, con lo cual el sistema arrancará con un tope de facturación de $24.000 al año, por el que se pagará una cuota de $219 por mes.

 Cambios

 Tal como adelantó iProfesional.com hace casi un año, el proyecto que ya cuenta con media sanción propone elevar el tope de facturación anual de $72.000 a $200.000 para profesionales y de $144.000 a $300.000 para el resto de las actividades. Los valores límites llevaban más de una década sin actualizarse.

Impuestos Internos. Productos eléctricos y/o electrónicos fabricados en el área especial de Tierra del Fuego. Nueva suspensión de la reducción de alícuota de impuestos internos

SUMARIO: Se suspende la aplicación de la alícuota reducida aplicable a los productos eléctricos y/o electrónicos que sean fabricados por las empresas beneficiarias del régimen de promoción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -dispuesto en el marco de la L. 19640-.
La citada suspensión se extiende hasta que entre en vigencia la ley -cuyo proyecto se encuentra actualmente en el Congreso de la Nación- que propicia gravar con impuestos internos a determinados productos tecnológicos, y por otra parte que dejen de tributar con la alícuota reducida en el IVA.
Recordamos, que a través del decreto 252/2009, prorrogado por los decretos 784/2009 y 1162/2009 se dispuso la aplicación de una alícuota reducida de impuestos internos, para los productos alcanzados por la franquicia, equivalente al 38,53% de la dispuesta para dichos productos.

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